The Bloomington Commission on Hispanic and Latino Affairs joins the Attorney General of Indiana, the Indiana Chamber of Commerce, the Indiana Farm Bureau, and civic leaders statewide in opposing Senate Bill 590 recently introduced by State Senator Delph and others. SB 590 seeks to divert local resources to the aggressive enforcement of federal immigration laws and to institute an English-only policy throughout public service, among other provisions.

We believe the bill is misguided and harmful for a number of reasons. First, and most dangerously, it promotes a climate of hostility and discrimination against persons suspected of being foreign. Given the recent census figures that calculate the Latino population of Indiana at 6%, and the overwhelming perception as seen in local media accounts that undocumented residents are preponderantly Latino, it logically follows that Latinos, whatever their legal status, will be immediately singled out for scrutiny. It is un-American to require that all people who may meet someone’s preconceived notion of “what an undocumented person looks like” be forced to carry proof of legal residency at all times.

Second, the bill puts law enforcement in an untenable position. On the one hand, officers would be required to determine whether they feel “reasonable suspicion” that a person whom they encounter may be undocumented. How can they be trained to meet that very low threshold of proof? How many legal residents will be taken away from their families for perhaps days on end because they speak with accents and do not carry proof of residency at all times? Furthermore, such a law would make many residents fearful of contacting the police if they are victims of crimes, which would encourage criminals to prey on them explicitly. With passage of this bill, the mission of local law enforcement would be unduly deflected from fulfilling its main goal, that of ensuring a safe and civil society.

Third, the bill entails administrative and financial costs that Indiana is in no position to bear. Law enforcement would be unduly burdened with the costs of implementation to the tune of perhaps $5 million per year, according to a recent article in the Indianapolis Star. In public and social services, not only would users of such services have to provide affidavits of legal status to obtain as little as a bowl of soup from a community kitchen, but institutions that serve the public would be unduly burdened with additional paperwork to show compliance in all their services. In addition, the state faces the loss of business from conventions and related tourism by those who believe the bill promotes a hostile climate. Already, the Indiana Convention and Visitors Bureau has reported threats of cancelled conventions if the bill passes. The experience of Arizona has borne out these fears since its passage of SB1070 last year, and that state faces the additional multimillion dollar burden of defending the law against well-founded claims that it is unconstitutional.

Finally, the English-only provision of the bill would directly violate Title VI of the 1964 Civil Rights Act as well as several provisions of the Bill of Rights of the United States Constitution. Allowing public service information to be provided in multiple languages ensures due process and the adequate provision of necessary services, including public safety.

We do agree that immigration policy is sorely in need of profound reform. However, it is a national need, not a reform that can be achieved locally or piecemeal. Bloomington and Indiana are not worse off because of our diverse and vibrant immigrant population, but rather have improved and grown by welcoming newcomers. We call upon everyone to join the many decent, thoughtful Hoosiers throughout the state who oppose this unjust bill and to encourage Bloomington residents to speak out against it.

La Comisión Pro-Hispano y Latino de Bloomington se une a las voces del Fiscal General de Indiana, la Cámara de Comercio de Indiana, el Buró Agrícola de Indiana, y líderes cívicos en todo el estado al expresar nuestra oposición al Proyecto de Ley SB 590 presentado por el Senador Delph y otros. El proyecto de ley SB 590 pretende desviar nuestros recursos locales hacia la implementación agresiva de las leyes federales migratorias y hacia una política que limitaría al idioma inglés la prestación de todo servicio público, entre otros.

Creemos que este proyecto de ley está equivocada y es dañina. A continuación exponemos algunas de las razones: En primer lugar, el aspecto más peligroso de dicha ley es que pretende promover un ambiente de hostilidad y discriminación contra las personas de quienes se sospecha son extranjeros. Dadas las últimas cifras del censo, que calculan que la población latina constituye un 6% de los habitantes de Indiana, y la idea generalizada (según se ve en los medios de comunicación) que los habitantes indocumentados son más que todo latinos, sería lógico concluir que los esfuerzos anti-inmigrante se enfocarían principalmente en contra de la población latina, independientemente de su estado migratorio. Sería contrario a los valores cívicos de los Estados Unidos obligarle a toda persona que posiblemente se parezca a lo que se presume es un “indocumentado”, que siempre porte encima sus documentos de residencia legal.

En segundo lugar, el proyecto de ley plantea una tarea imposible para las fuerzas del orden público. Por un lado, se obligaría a los agentes policiales a determinar si creen que existe una “sospecha razonable” que alguna persona sea indocumentada. ¿Cómo se les podría capacitar lo suficiente para aplicar correctamente ese criterio tan impreciso? ¿A cuántos residentes legales se les separaría de sus familias, quizás durante días, simplemente porque hablan con un acento extranjero y no tienen encima sus documentos legales? Además, de existir ese tipo de ley, muchas personas tendrían miedo de llamar a la policía al caer víctima de algún delito, mientras que los delincuentes se sentirían libres de aprovecharse de ellos. Si se aprueba esta ley, la misión de las fuerzas del orden público cambiaría indebidamente, o sea, ya no tendrían por misión el velar por una sociedad segura y bien gobernada.

En tercer lugar, el proyecto de ley implica costos administrativos y económicos que el estado de Indiana no se ve en condición de costear. Las fuerzas del orden público tendrían que asumir una gran parte del costo de su ejecución, lo que podría ascender hasta quizás $5 millones al año según relata un artículo reciente del Indianapolis Star. En cuanto a los servicios públicos y sociales, no solo tendrían los usuarios de éstos tener que presentar declaraciones juradas afirmando su estado legal, por un plato de sopa en la cocina comunitaria, sino también las instituciones que atienden al público enfrentarían enormes trámites para mostrar su cumplimiento con la ley en la prestación de servicios. Además, el estado se arriesga a perder los ingresos provenientes de convenciones y otras actividades turísticas, ya que hay personas y organismos que opinarían que la ley promueve un ambiente hostil. Ya informó el Buró de Convenciones y Visitantes de Indiana que algunas convenciones programadas para realizarse aquí se cancelarán si se aprueba el proyecto de ley. La experiencia de Arizona ha hecho realidad el temor del Buró desde que se aprobó la ley SB1070 allá el año pasado, y Arizona enfrenta también el costo multimillonario de defender dicha ley contra las demandas de inconstitucionalidad.

Finalmente, la cláusula del proyecto de ley que dispone que todo material público esté escrito únicamente en inglés representaría una violación directa del Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964 así como de varias disposiciones de la Declaración de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. Al proporcionar materiales públicos en varios idiomas se garantiza el debido proceso de ley y la prestación adecuada de los servicios esenciales, incluyendo la seguridad pública.

Nosotros aceptamos que es urgente llevar a cabo una reforma profunda de las políticas migratorias. Sin embargo, ésta es una necesidad nacional, no es una reforma que se pueda realizar a nivel local o de forma desarticulada. Bloomington e Indiana no se han visto afectados negativamente a raíz de la llegada de inmigrantes desde culturas diversas y ricas, sino que han mejorado y han crecido al darles la bienvenida a los recién llegados. Hacemos un llamado a todos a que se unan a los ‘Hoosiers’ cordiales y serios en todo el estado que se oponen a este proyecto de ley injusto, a que alcen la voz para derrotarlo.